¿Ataúdes en una subasta? La insólita iniciativa acaba de ser puesta en pie por la Autoridad Tributaria de Portugal (ATP) después de embargar los productos a la venta en sendas funerarias, una en Amadora (a las afueras de Lisboa) y otra en Vila Nova de Gaia (al otro lado del Puente Luís I de Oporto).
En total, son 13 los féretros que estaban a disposición de los clientes y ahora pueden cambiar de manos por un precio global de 2.700 euros, tal cual muestra la página de la institución en internet.
Pero la polémica se ha instalado alrededor de la curiosa subasta, en vista de que la Asociación de Agentes Funerarios (AAF) de Portugal ha puesto el grito en el cielo y se opone a su celebración o a que se resuelva el asunto cuando llegue una oferta vía web.
Se trata de bienes incautados como consecuencia de multas no abonadas y de las deudas acumuladas por las empresas en cuestión a lo largo de los dos últimos años.
El colectivo que agrupa a los profesionales del sector considera que estamos ante un material muy «valioso» e insta al Estado a quedarse con este lote de ataúdes. Joao Barbosa, portavoz de la AAF, acredita que es la primera vez que ve una propuesta semejante y la califica como un «caso anecdótico».
El tira y afloja está servido, con el Sindicato de los Trabajadores de Impuestos terciando en la controversia para inclinar el asunto a favor de la puja. Todo sea por la recaudación pura y dura, según se desprende de las palabras pronunciadas por su presidente, Paulo Ralha: «El valor de la deuda tiene que ser recuperado de una manera o de otra. Y ese valor es independiente del objeto en liza».
A su juicio, la convocatoria resulta «original», como mínimo, aunque le viene a la mente una situación análoga en la que un ciudadano tuvo que subastar varios de sus calzoncillos y hasta el hilo dental para sufragar una cuenta pendiente con Hacienda de escasa cuantía, pero que le era reclamada con urgencia.
Eso sí, la puja resulta única si tenemos en cuenta que salen a la venta féretros, algo que no había acontecido con anterioridad.
De acuerdo con una emisora de radio local, el embargo en la funeraria se produjo debido al impago de una multa de 8.000 euros, que le fue impuesta después de que el empresario ocultase sus cuentas al Fisco durante dos años consecutivos. Esta circunstancia llevó a los inspectores a personarse en el local, donde se presentaron con la idea preconcebida de reclamar los ataúdes porque, de hecho, irrumpieron con sus números de referencias anotados.
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